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discriminacion laboral

De: Estanislao Iacona

Discriminacion Laboral · Consultar Abogado por maltratos · Despido 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su resolución del 30/3/2006, al dictar medidas provisionales en el “Caso de las Penitenciarias de Mendoza, República Argentina”, sostuvo “que el art.1.1 de la Convención establece la obligación general que tienen los Estados parte de respetar los derechos y libertades en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdicción.
 
“En cumplimiento de esa obligación de garantía, el estado parte tiene la obligación erga omnes de proteger a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Como lo ha dicho la Corte, tal obligación general se impone no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuación de terceros particulares”. Teniendo en cuenta que los tratados internacionales de derechos humanos receptados en el art. 75, inc. 22 CN rigen en las condiciones de su vigencia las doctrinas de la Corte IDH, tal como lo tiene reiteradamente reconocido nuestra Corte Nacional, deviene obligatoria para nuestro país y, particularmente, para el Poder Judicial, los jueces en concreto. El art. 43, CN, dispone que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, contra todo acto de particulares, que en forma actual lesione con ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta constitución, un tratado o una ley”.
 
Ello significa que cualquier particular puede accionar contra cualquier particular, si un acto de éste último lesiona con ilegalidad manifiesta un derecho reconocido por un tratado de derechos humanos.
 
La incorporación de la normativa de derechos humanos a nuestro derecho interno, además, incorpora principios que cabe destacar por la generalidad de su uso y aplicación, conceptos que tienden a asegurar no ya la validez de las normas sino su efectiva aplicación. Estos son el ius cogen, el principio pro homine y el principio de no discriminación. La noción de jus cogens está consagrada en el art. 53 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, en tanto “norma aceptada y reconocida por la comunidad  internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho internacional general que tenga el mismo carácter”. Las normas del jus cogens obligan a todos los Estados y a los nacionales de dichos países, tienen carácter erga omnes y pueden ser reclamadas por cualquier persona o Estado, aún al margen de cualquier vínculo convencional o ratificación.
 
El principio de no discriminación constituye, en sí mismo, un derecho que asiste a toda persona; derecho a no ser objeto de discriminación alguna.

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